La Comisión de la Mujer y
Familia, que preside la congresista Aurelia Tan de Inafuko (GPF), aprobó el
jueves 4, un dictamen recaído en el proyecto de ley integral contra la
violencia hacia la Mujer y Familia, que plantea atender las acciones que se
debe desarrollar desde la prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia familiar.
La iniciativa, aprobada por
unanimidad, propone integrar todas las políticas públicas y el esfuerzo de
todos los sectores para superar el problema de desarticulación que ha venido
siendo un obstáculo en la implementación de una ley de protección frente a la
violencia familiar.
A su turno, la presidenta de
la comisión detalló que esta proyectada norma busca que a nivel nacional,
regional y local exista un ente que articule los esfuerzos con capacidad de
decisión y que con ello se descentralice la capacidad de gestión y que pueda
revisarse la responsabilidad funcional de los actores sobre realidades de cada
localidad.
Asimismo, dijo que la
propuesta establece como instrumentos y mecanismos de articulación al Sistema
del Protocolo Base de Actuación Conjunta, el Registro Único de Víctimas y
Agresores, el Observatorio Nacional y el Centro de Altos Estudios de la
Violencia hacia la Mujer y Familia.
En cuanto a la rehabilitación
de los agresores, la titular de la comisión manifestó que se está proponiendo
un tratamiento penitenciario para la reinserción social de los agresores de
violencia contra la mujer y la familia privadas de libertad, es decir para la
población penal.
Respecto al trabajador que
haya sido víctima de violencia, la iniciativa propone que este podrá solicitar
al empleador o juez que tramita su proceso de violencia la suspensión de la
relación laboral que, valorando los medios probatorios, podrá conceder un mes
con goce de remuneraciones. Excepcionalmente, atendiendo la gravedad de la
situación, podrá ampliarse hasta un máximo de cinco meses sin goce de
remuneraciones.
Participaron del debate las
parlamentarias Verónika Mendoza Frisch (AP-FA), Claudia Coari Mamani y Elsa
Anicama Ñáñez, del partido oficialista.
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